Creo que en España hay profesionales de un gran nivel en la psiquiatría infantil, sin embargo, la actividad asistencial cada vez está más condicionada por los vaivenes de la política. El hecho de que la salud mental infanto juvenil esté en el centro del debate hace que desde los planificadores sanitarios surjan iniciativas que, aunque bienintencionadas, no tienen en cuenta la realidad y los recursos disponibles. Esto puede hacer que lo que en principio parece una mejora, en realidad empeora la situación asistencial. Voy a explicar con un ejemplo a lo que me refiero.
La Consejería de Salud de Cataluña anunció, a bombo y platillo, en octubre de 2021 la creación de nuevos recursos, entre ellos, de 52 equipos de atención domiciliaria en salud mental. También se anunció la creación de otros 10 equipos guía o equipos comunitarios de atención intensiva en salud mental -8 de los cuales ya están en funcionamiento- que harán atención domiciliaría de aquellos casos con más complejidad. Se argumenta que durante la pandemia han aumentado los problemas de salud mental de los adolescentes.
Todo esto está muy bien. Cuantos más recursos de salud mental infanto juvenil se creen mucho mejor. La cuestión está en si este incremento de recursos es una realidad, o solo es una operación de imagen. Me explico.
Un psiquiatra me comentó hace unos días que no se había producido un aumento de profesionales con estos programas, sino que simplemente se ha producido una reubicación de los mismos. Me explicó que algunos psiquiatras que trabajaban en centros de salud mental infanto-juvenil (CSMIJ) habían sido obligados a trabajar en la atencíon domiciliaria dentro de los equipos guía. Esta maniobra iba solo a alargar la lista de espera en la consulta, al centrar su actividad en un grupo reducido de casos en atención domiciliaria intensiva, y con muy poco tiempo dedicado a la consulta.
No soy un experto en psiquiatría infanto juvenil, pero me cuesta creer que la asistencia haya evolucionado tanto como para que la atención domiciliaria sea la prioritaria sobre la atención de consulta ambulatoria clásica, en cuanto al porcentaje de dedicación de los profesionales. Eso lo tendrán que decir los expertos. Y también sería importante que los expertos aclararan cuáles son las prioridades cuando no hay recursos suficientes para todos los programas.
Si cada uno de los 52 equipos de salud mental domiciliaria, y 10 equipos guía tienen un psiquiatra infantil, harían falta 62 nuevos psiquiatras. Según los datos del Ministerio de Sanidad, cada año salen del MIR unos 30 psiquiatras infantiles a través del trayecto A. Por lo tanto, en el rarísimo caso en el que todos los psiquiatras infantiles egresados del MIR decidieran irse a Cataluña para trabajar en los equipos de atención domiciliaria, tampoco habría psiquiatras infantiles suficientes para cubrir ni la mitad de las plazas que, supuestamente, se van a crear en Cataluña. Creo que también habría problemas con las plazas de psicólogos clínicos y de enfermeros aunque no tengo datos al respecto.
Como se suele decir se ha desvestido un santo para vestir otro. Esto es solo una burda operación de imagen de los políticos para seguir en la cresta de la ola de los problemas de salud mental postcovid de los adolescentes.
El caso de Cataluña no es el único. Los políticos de las consejerías de sanidad se han lanzado a una carrera para crear recursos de salud mental infanto juvenil. Lamentablemente, se están encontrando con el problema de que no hay profesionales suficientes para cubrir estos puestos, ni de psiquiatras ni de psicólogos clínicos. Las cifras no cuadran.
La sanidad catalana no se ha caracterizado por mostrar un gran interés en aumentar las plazas MIR de psiquiatría, y durante años ha tenido psiquiatras formados en otras comunidades que se venían a Cataluña para empezar su vida profesional, pero parece que este flujo de profesionales se ha reducido ¿de dónde van a sacar nuevos profesionales?
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